La Xunta de Galicia ha actualizado el informe sobre la transferencia y el rescate de la AP-9 , y lo ha puesto sobre la mesa de los principales agentes económicos y sociales de la comunidad. La directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, mantuvo este martes una reunión con representantes empresariales, del transporte y de los usuarios para abordar la situación de la autopista.

En el encuentro participaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; el de la Federación Galega de Transportes de Mercadorías (Fegatramer), Ramón Alonso; la directora de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada (Apetamcor), Natalia Blanco; y el portavoz de la asociación de usuarios En Colectivo, Diego Maraña. Durante la reunión, Deza trasladó a los asistentes los datos actualizados del estudio encargado por el Gobierno gallego.

Según explicó la directora de Infraestructuras, las cifras continúan mostrando que el rescate, la transferencia y las bonificaciones suponen una cuantía casi equivalente. Además, advirtió de que la reserva presupuestaria que la Xunta tendría que realizar en relación con la Ley de Transferencia aprobada se incrementaría hasta los 4.000 millones de euros aproximadamente.

María Deza reiteró la postura del Ejecutivo autonómico de que la transferencia de la AP-9 debe realizarse a la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos aprobados por el Parlamento Galego en el año 2024. La reunión se enmarca en la ronda de contactos que la Xunta está manteniendo con los sectores implicados para informar sobre la evolución de un proceso que, según los cálculos del Gobierno gallego, supondría un coste significativo para las arcas autonómicas. El encuentro se produce en un contexto de debate político sobre el futuro de la vía de pago, que el BNG y el PP mantienen como uno de los asuntos centrales en la agenda gallega.