El cambio climático ya no es una amenaza futura ni un concepto abstracto reservado a informes científicos. Es la crisis que define nuestra época, el telón de fondo de todas las demás emergencias contemporáneas. Sus efectos se sienten en cada continente y golpean con especial dureza a quienes menos capacidad tienen para defenderse: poblaciones vulnerables, comunidades rurales, países frágiles y sociedades atravesadas por conflictos prolongados. En este escenario, millones de personas viven en la primera línea de una tormenta que avanza sin tregua.

Entre ellas se encuentran los refugiados climáticos —también llamados migrantes medioambientales— un grupo humano cada vez más numeroso y, sin embargo, todavía sin reconocimiento jurídico internacional. Son personas obligadas a abandonar su hogar por fenómenos repentinos o progresivos que destruyen su entorno como sequías extremas, inundaciones, ciclones, incendios, pérdida de tierras cultivables o aumento del nivel del mar. Según estimaciones de organismos internacionales, decenas de millones de personas podrían verse forzadas a desplazarse antes de 2050 por causas directamente vinculadas al clima.

La realidad es tan cruda que recuerda al viejo refrán: “A perro flaco, todo son pulgas”. Las desgracias se acumulan sobre quienes ya vivían al límite, y el cambio climático actúa como un multiplicador de vulnerabilidades. Hay países que ya están al borde y para ellos, la emergencia climática se convierte en rutina asumida de lo que está ahí como en Somalia, la sequía más prolongada en décadas ha devastado cosechas, agotado acuíferos y obligado a miles de familias a abandonar sus aldeas en busca de agua y alimento. La inseguridad alimentaria se ha convertido en una sombra permanente, y muchos somalíes se ven obligados a cruzar fronteras para sobrevivir.

El Chad, situado en el corazón del Sahel, enfrenta una combinación letal, la desertificación acelerada, escasez de agua, pérdida de biodiversidad y una productividad agrícola que cae año tras año. Aun así, este país acoge a refugiados procedentes de regiones aún más castigadas, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia en medio del colapso ambiental. Centroamérica vive bajo la amenaza constante de huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y deslizamientos de tierra. A ello se suman terremotos y erupciones volcánicas que complican aún más la vida de comunidades rurales ya golpeadas por la pobreza y la falta de infraestructuras. Afganistán, marcado por décadas de conflicto armado, sufre además sequías severas, inundaciones repentinas, avalanchas y deslizamientos. La combinación de guerra y clima extremo convierte cada desplazamiento en una odisea.

Y en el Caribe, Haití es el ejemplo más doloroso de cómo los desastres naturales pueden arrasar un país ya debilitado. El terremoto de 2010 dejó más de 200.000 muertos y millones de personas sin hogar. En 2016, el huracán Matthew volvió a golpear con fuerza. En 2021, otro terremoto, en plena pandemia, sumó miles de víctimas y desplazados. Haití vive en una reconstrucción permanente que nunca llega a completarse. Estos casos son solo una muestra de los territorios más vulnerables, pero la lista es larga y crece cada año, como los ocurridos en este periodo de 2026.

La sequía es una anomalía climática que se manifiesta como una escasez prolongada de agua respecto a los niveles habituales de una región. Su impacto es transversal, afecta al medio ambiente, a la agricultura, a la economía, a la salud pública y a la estabilidad social. A medida que la población crece y las actividades económicas se expanden, la demanda de agua aumenta, y la gestión de las sequías se convierte en un desafío global cada vez más crítico.

En España, la situación es especialmente preocupante. El país atraviesa una de las sequías más severas del siglo, con reservas hídricas que rondan la mitad de lo habitual. Comunidades como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Navarra ya han declarado situaciones de emergencia por falta de agua. La sequía afecta directamente al precio de los alimentos. Los cultivos de secano —trigo, girasol, vid, olivo— sufren pérdidas de producción, calidad y rentabilidad. Menos cosecha significa menos alimento y precios más altos, una ecuación que golpea tanto al agricultor como al consumidor.

La desertificación y la desertización son términos similares en sonido, pero muy distintos en significado. La primera se refiere a la degradación de tierras fértiles hasta convertirse en zonas áridas, la segunda, a la expansión natural de los desiertos. En España, la desertificación avanza a un ritmo alarmante, y la mano del ser humano tiene mucho que ver.

El caso de Doñana es uno de los más conocidos, la sobreexplotación de acuíferos, agricultura intensiva y falta de control han puesto en riesgo uno de los humedales más importantes de Europa. Las zonas con mayor riesgo de desertificación se concentran en el suroeste peninsular, así como en Alicante, Murcia y Almería. En los últimos cincuenta años, el avance ha sido notable. Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, pero la realidad es que la batalla se libra cada día.

Lo que antes parecía lejano ya está aquí. Las restricciones de agua para consumo humano, la prohibición de regar cultivos, los embalses bajo mínimos… Todo forma parte de un círculo vicioso, sin agua no hay cosecha, sin cosecha no hay alimento, sin alimento no hay estabilidad social, sin alimento no hay vida.

Según Greenpeace, una parte significativa del territorio español está en riesgo de desertificación. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el periodo 2022-2023 fue el segundo más seco del siglo. Los expertos advierten que, si no cambian las condiciones meteorológicas, España podría entrar en un ciclo seco prolongado y acercarse peligrosamente a un aumento de 4 grados centígrados.

La pregunta es inevitable: ¿seremos capaces de mantenernos entre 1,5 y 2 grados en 2050, como marca el Acuerdo de París? La respuesta depende de decisiones que deben tomarse hoy, no mañana.

El cambio climático no es solo un fenómeno físico, es un desafío político, económico y moral, éste, obliga a replantear modelos de producción, hábitos de consumo, políticas energéticas y estrategias de protección social. Y, sobre todo, exige mirar de frente a quienes ya están pagando el precio más alto: los refugiados climáticos, las comunidades rurales, los agricultores, los países empobrecidos y los territorios que se quedan sin agua. La crisis climática no es inevitable, pero sí inaplazable. El mundo aún tiene margen para actuar, aunque cada año ese margen se estrecha. La historia nos juzgará por lo que hagamos ahora. Es un futuro en disputa.