La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha reclamado que el cumplimiento efectivo de los plazos de pago ocupe un lugar central en las políticas de prevención de insolvencias. La organización advierte de que mejorar la gestión de las empresas que ya atraviesan dificultades o conceder ayudas para su rescate será insuficiente si no se actúa previamente sobre factores que deterioran su liquidez, como los retrasos reiterados en el cobro de facturas, que pueden precipitar la entrada en concurso de acreedores de compañías económicamente viables.

La Directiva (UE) 2026/799, que armoniza determinados aspectos de las legislaciones concursales de los Estados miembros y que España deberá adaptar antes del 22 de enero de 2029, supone una oportunidad para recordar que la política concursal no debe limitarse a ordenar la reestructuración o liquidación de compañías cuando el problema ya se ha producido. Según la PMcM, "la mejor reforma concursal es evitar que una empresa viable tenga que acudir al concurso por culpa de los retrasos en los pagos", ha señalado Antoni Cañete, presidente de la organización.

Los datos del Estudio Plazos de Pago en España 2025, publicado por la PMcM, reflejan la persistencia del problema. El plazo medio de pago del sector privado se situó en 67 días , tres más que en 2024 y por encima del máximo legal de 60 días. El 67% de los encuestados identifica a las grandes empresas como el tipo de cliente que más tarda en pagar, y solo el 15% afirma que sus clientes de mayor tamaño abonan las facturas dentro del plazo permitido por la ley. El 89% de los encuestados nunca o casi nunca reclama intereses de demora, y el 94% no exige la indemnización legal de 40 euros por costes de cobro, lo que evidencia el desequilibrio entre clientes y proveedores.

El efecto cascada de la morosidad

La Plataforma advierte de que cada factura pagada fuera de plazo incrementa el riesgo de tensión de tesorería, especialmente entre pymes y autónomos, que cuentan con menor capacidad financiera para soportar demoras prolongadas. Esta situación puede obligarlos a recurrir al crédito para cubrir gastos, pagar nóminas o mantener su actividad. El Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea indica que el 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde, lo que genera un efecto cascada en la economía. Un 19% de los encuestados afirma que la morosidad les disuade de participar en la contratación pública, y un 17% asegura que les hace reducir su personal o suspender la contratación.

Ante esta realidad, la PMcM reclama la implantación de un régimen sancionador efectivo , acompañado de mecanismos reales de vigilancia y control, una reivindicación que cuenta con el respaldo del 91% de las empresas consultadas. "No tiene sentido reforzar los mecanismos para gestionar las quiebras mientras se tolera que miles de pymes y autónomos financien involuntariamente a sus clientes mediante pagos fuera de plazo. Cuando una empresa tiene que pedir financiación para compensar una factura que debería haber cobrado, quien cumple termina asumiendo el coste financiero de quien incumple", subraya Cañete.

Prevenir antes de recurrir al rescate

En paralelo a la armonización de las normas concursales, la Comisión Europea ha abierto hasta el 4 de septiembre de 2026 una consulta pública sobre las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de empresas no financieras en dificultades. Para la PMcM, esta revisión refuerza la necesidad de actuar antes de que los problemas de liquidez obliguen a una empresa viable a recurrir a una reestructuración o a medidas de apoyo. "Los instrumentos de rescate y reestructuración pueden ser necesarios cuando una empresa ya atraviesa dificultades, pero la prioridad debe ser evitar que llegue a esa situación por no cobrar sus facturas en plazo", concluye el presidente de la PMcM.