MOTOR
El programa ES-AV de la DGT abre la puerta a los robotaxis en España
La conducción autónoma se acerca a las calles españolas. WeRide, una de las compañías internacionales de referencia en el sector, ha reafirmado sus planes de expansión en España junto a Uber para lanzar un primer piloto comercial de robotaxis en la Comunidad de Madrid durante este año. El anuncio, realizado a principios de junio, confirma que España se está convirtiendo en un mercado real para las empresas que desarrollan esta tecnología.
Sin embargo, antes de que un servicio comercial de robotaxis pueda operar, existe un paso imprescindible: que esos vehículos puedan probarse legalmente en vías abiertas al tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) dispone para ello del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (ES-AV) , el marco regulador que fija las condiciones bajo las que se pueden desarrollar estas pruebas. Un marco que, como señalan desde Pyramid Consulting, “está llamado a ser el primer gran filtro para las compañías que quieran operar en España”.
El programa ES-AV, un marco de tres fases
El programa, publicado por la DGT en junio de 2025, establece un esquema escalonado de pruebas en función del grado de madurez tecnológica: una fase controlada para tecnologías incipientes; una fase extensiva a mayor escala cuando el sistema está más maduro; y una fase de pre-despliegue para ensayos finales en vías abiertas antes de la puesta en marcha comercial. Además, contempla tres vías de acceso: evaluación externa mediante un informe técnico independiente, reconocimiento de autorizaciones de otros países del Espacio Económico Europeo, y un acceso especial para casos excepcionales.
La DGT ha creado también la Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados (OFVA) , que actúa como ventanilla única para la gestión de solicitudes y el seguimiento de las pruebas. El programa, que deroga las anteriores instrucciones, apuesta por la transparencia de los resultados y exige la entrega obligatoria de informes periódicos y en caso de incidentes.
El reto jurídico: más allá de la autorización
Obtener la autorización es solo el primer paso. A medida que los proyectos se acerquen a la explotación comercial surgirán cuestiones más complejas: quién responde cuando el vehículo lo controla un sistema automatizado, cómo se gestionan las infracciones, qué responsabilidad corresponde al fabricante o al operador remoto, y qué datos del vehículo deben conservarse para reconstruir un incidente. A ello se suman los desafíos en materia de seguros, ciberseguridad, protección de datos y el acceso de las Administraciones a información técnica sensible.
En este escenario, despachos como Pyramid Consulting están reforzando su especialización en la regulación de la conducción automatizada, aplicando más de treinta años de experiencia en Derecho administrativo de tráfico, transporte y movilidad. La firma acompaña a fabricantes, empresas tecnológicas y operadores desde el análisis previo del proyecto y la elección de la vía de acceso más adecuada hasta la preparación, presentación y seguimiento de la solicitud ante la DGT, y las cuestiones jurídicas posteriores. “La conducción autónoma no empieza cuando desaparece el conductor, sino mucho antes: cuando una empresa consigue demostrar ante la Administración que su tecnología está preparada para circular con seguridad. Ese primer paso en España pasa hoy por ES-AV, y nuestro papel es acompañar a las empresas para darlo con seguridad jurídica”, señalan desde la firma.
El piloto de WeRide y Uber en Madrid, que en su fase inicial contará con operadores de seguridad a bordo, se perfila como el primer banco de pruebas real de este nuevo marco regulatorio. Un hito que, de confirmarse, marcará el inicio de una nueva era para la movilidad en España.

La conducción autónoma se acerca a las calles españolas. WeRide, una de las compañías internacionales de referencia en el sector, ha reafirmado sus planes de expansión en España junto a Uber para lanzar un primer piloto comercial de robotaxis en la Comunidad de Madrid durante este año. El anuncio, realizado a principios de junio, confirma que España se está convirtiendo en un mercado real para las empresas que desarrollan esta tecnología.
Sin embargo, antes de que un servicio comercial de robotaxis pueda operar, existe un paso imprescindible: que esos vehículos puedan probarse legalmente en vías abiertas al tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) dispone para ello del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (ES-AV) , el marco regulador que fija las condiciones bajo las que se pueden desarrollar estas pruebas. Un marco que, como señalan desde Pyramid Consulting, “está llamado a ser el primer gran filtro para las compañías que quieran operar en España”.
El programa ES-AV, un marco de tres fases
El programa, publicado por la DGT en junio de 2025, establece un esquema escalonado de pruebas en función del grado de madurez tecnológica: una fase controlada para tecnologías incipientes; una fase extensiva a mayor escala cuando el sistema está más maduro; y una fase de pre-despliegue para ensayos finales en vías abiertas antes de la puesta en marcha comercial. Además, contempla tres vías de acceso: evaluación externa mediante un informe técnico independiente, reconocimiento de autorizaciones de otros países del Espacio Económico Europeo, y un acceso especial para casos excepcionales.
La DGT ha creado también la Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados (OFVA) , que actúa como ventanilla única para la gestión de solicitudes y el seguimiento de las pruebas. El programa, que deroga las anteriores instrucciones, apuesta por la transparencia de los resultados y exige la entrega obligatoria de informes periódicos y en caso de incidentes.
El reto jurídico: más allá de la autorización
Obtener la autorización es solo el primer paso. A medida que los proyectos se acerquen a la explotación comercial surgirán cuestiones más complejas: quién responde cuando el vehículo lo controla un sistema automatizado, cómo se gestionan las infracciones, qué responsabilidad corresponde al fabricante o al operador remoto, y qué datos del vehículo deben conservarse para reconstruir un incidente. A ello se suman los desafíos en materia de seguros, ciberseguridad, protección de datos y el acceso de las Administraciones a información técnica sensible.
En este escenario, despachos como Pyramid Consulting están reforzando su especialización en la regulación de la conducción automatizada, aplicando más de treinta años de experiencia en Derecho administrativo de tráfico, transporte y movilidad. La firma acompaña a fabricantes, empresas tecnológicas y operadores desde el análisis previo del proyecto y la elección de la vía de acceso más adecuada hasta la preparación, presentación y seguimiento de la solicitud ante la DGT, y las cuestiones jurídicas posteriores. “La conducción autónoma no empieza cuando desaparece el conductor, sino mucho antes: cuando una empresa consigue demostrar ante la Administración que su tecnología está preparada para circular con seguridad. Ese primer paso en España pasa hoy por ES-AV, y nuestro papel es acompañar a las empresas para darlo con seguridad jurídica”, señalan desde la firma.
El piloto de WeRide y Uber en Madrid, que en su fase inicial contará con operadores de seguridad a bordo, se perfila como el primer banco de pruebas real de este nuevo marco regulatorio. Un hito que, de confirmarse, marcará el inicio de una nueva era para la movilidad en España.
























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