El Concello de Ponteareas deberá afrontar una sanción de 80.000 euros como consecuencia de la demolición de la escuela infantil, una actuación que la oposición —BNG, PSOE y PeC— ya había advertido que podría incumplir las condiciones de durabilidad de las obras financiadas con fondos europeos. Las tres formaciones denunciaron este viernes que el gobierno municipal de Nava Castro derribó el inmueble antes de que transcurriera el período mínimo de conservación exigido por la normativa comunitaria.

En el anterior mandato, el Concello destinó más de 100.000 euros a la rehabilitación energética de la escuela infantil, de los cuales el 80% correspondían a financiación europea FEDER. Según el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, las actuaciones financiadas con fondos europeos deben mantenerse durante un mínimo de cinco años desde el momento del pago final de la ayuda al beneficiario. La documentación de la operación indica que el cierre administrativo de la actuación se produjo en diciembre de 2023, por lo que la demolición del edificio se produjo antes de que finalizara ese período.

"Advertimos que la demolición injustificada y caprichosa impulsada por el gobierno municipal de Nava Castro podía tener graves consecuencias económicas para el Concello de Ponteareas, al poner en riesgo la continuidad de una actuación financiada con fondos europeos, y ahora se confirma lo que denunciamos", señalan BNG, PSOE y PeC en un comunicado conjunto. Las tres formaciones consideran especialmente grave que una actuación financiada con fondos públicos europeos para mejorar un edificio municipal termine con la desaparición física del inmueble apenas unos años después de las obras.

"Primero gastaron dinero público en demoler un edificio en el que acababan de invertirse más de 100.000 euros. Ahora el Concello tiene que asumir las consecuencias económicas de una decisión política que ya advertimos que podía salir muy cara", concluyen los grupos de la oposición. La sanción confirma las advertencias realizadas por las tres formaciones durante el proceso de demolición y supone un nuevo revés económico para las arcas municipales.