El Gobierno municipal de Ponteareas ha salido al paso de las informaciones difundidas por BNG y PSOE para negar rotundamente que exista una sanción firme de 85.326 euros por el derribo de la antigua Escuela Infantil Municipal. La alcaldesa, Nava Castro, ha explicado que lo que hay en curso es un procedimiento de reintegro parcial de fondos FEDER aún en tramitación, con un importe provisional de 85.326,26 euros, y ha recordado que el Concello presentó alegaciones el pasado 5 de agosto para defender que la devolución sea cero.

"No negamos que exista un expediente, porque existe. Lo que no es cierto es afirmar que Ponteareas ya fue sancionada o que ha perdido 85.326 euros", afirmó Castro, quien subrayó que el procedimiento sigue abierto y pendiente de resolución. En sus alegaciones, el equipo de gobierno solicita el archivo del caso al considerar que no hubo incumplimiento material de los objetivos de la actuación financiada, ya que las obras de eficiencia energética se ejecutaron y el servicio público de educación infantil se mantuvo, incluso con la apertura de la nueva escuela del Parque Ferro Ucha el pasado 27 de abril, antes del derribo de la antigua instalación el 4 de mayo.

De forma subsidiaria, el Concello pide aplicar el principio de proporcionalidad, por lo que el eventual reintegro máximo se reduciría a 47.263,37 euros, muy lejos de los 85.326 iniciales. "Estamos defendiendo que Ponteareas no tenga que devolver un solo euro. El responsable es esperar a la resolución y no convertir una cantidad provisional en una sanción firme para conseguir un titular político", sentenció la regidora.

Pero la alcaldesa ha ido más allá y ha exigido a BNG y PSOE que hablen con rigor y con todos los datos sobre la mesa. En este sentido, ha recordado que durante la etapa anterior del gobierno municipal se produjo la revocación de una ayuda del IDAE de 805.784,47 euros para un proyecto de red de calor de biomasa. Una cantidad que, según destacó, es 9,4 veces superior a los 85.326 euros que ahora están en discusión, y que incluso en el peor escenario para el actual gobierno, la ayuda revocada sería 17 veces mayor que la posible sanción subsidiaria de 47.263 euros.

"La diferencia fundamental no está solo en las cantidades. Ahora estamos ante un procedimiento abierto y defendemos que no procede reintegro, mientras que en el otro caso hablamos de una revogación ya acordada", subrayó Castro, insistiendo en que son situaciones administrativas distintas y que la ciudadanía merece que se expliquen con rigor.

El Gobierno municipal también ha puesto sobre la mesa el esfuerzo realizado desde su llegada al poder en junio de 2023 para evitar la pérdida de más de 1,5 millones de euros de la EDUSI, que estaban en riesgo de no ejecutarse antes del 31 de diciembre de ese año. Según los datos, había unos dos millones pendientes y el equipo de Castro trabajó contra reloj para completar las actuaciones. "No buscamos culpables, nos pusimos a trabajar para salvar los fondos", rememoró la alcaldesa, quien instó a la oposición a aplicar "la misma vara de medir" y a asumir su responsabilidad, "incluso defendiendo sus alegaciones para salvar su mala gestión".

Castro concluyó asegurando que el Gobierno municipal seguirá defendiendo cada euro de los ponteareanos, "frente al ruido político, con trabajo, documentación y defensa de los intereses de Ponteareas".