El conflicto institucional entre el Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra por la humanización de la rúa Rosalía de Castro ha vuelto a escenificarse con un nuevo cruce de acusaciones. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que la Xunta de Goberno local ha aprobado su propio convenio para acometer la reforma de esta céntrica vía, que ahora será remitido a la institución provincial. Caballero ha responsabilizado a la Deputación de acumular más de un año de retraso en la formalización del acuerdo y ha denunciado que el texto propuesto por el organismo provincial impone a Vigo condiciones que, según afirma, no exige a los concellos gobernados por el Partido Popular.

"Hay dos tipos de convenios: los que hace con los concellos del PP y el que hace con Vigo. Es un escándalo", ha afirmado el regidor, que ha rechazado que el acuerdo incorpore exigencias relacionadas con la difusión pública de la financiación provincial o la presencia institucional en los actos. "Los convenios van de obras, condiciones técnicas y financiación", ha insistido Caballero, que ha asegurado que el Concello ejecutará la transformación de Rosalía de Castro "con la Deputación o sin la Deputación" .

La vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, ha defendido que el documento remitido a Vigo es el mismo que ya ha sido aprobado y firmado por el Concello de Pontevedra para financiar la reforma de su propia rúa Rosalía de Castro. Según Sánchez, el convenio busca simplemente concretar las obligaciones de cada administración y garantizar que la ciudadanía conozca quién financia la actuación, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. La vicepresidenta ha acusado a Caballero de pretender "que no se note" la inversión provincial, priorizando la "pelea política" sobre el interés de la ciudad.

El proyecto de humanización, presupuestado en 2,4 millones de euros, contempla la transformación de un tramo de 110 metros de la calle, entre las calles Pontevedra y República Argentina. La Deputación aportaría 1,7 millones (el 70% de la obra), mientras que el Concello cofinanciaría los trabajos con algo más de 718.000 euros. El principal punto de conflicto reside en las cláusulas de publicidad y las posibles penalizaciones para el Concello en caso de incumplir reiteradamente las condiciones de visibilidad de la financiación provincial.