El Plan específico de acción comunitaria impulsado por la Xunta de Galicia beneficia este año a cerca de 300 colectivos locales para la ejecución de 333 proyectos de mejora en sus infraestructuras, 240 centrados en obras y 93 en la adquisición de equipamiento. La medida, dotada con tres millones de euros , va dirigida a asociaciones vecinales y de mujeres rurales, así como a comunidades de usuarios de aguas, con el objetivo de apoyar el movimiento vecinal para mejorar la convivencia y dinamizar la vida social y cultural en todo el territorio gallego.

La mayor parte de las entidades beneficiarias son de la provincia de Pontevedra, con 103 colectivos que se reparten más de 1,1 millones de euros para ejecutar 115 proyectos, 97 de obras y 18 de adquisición de equipamiento. Ourense suma 90 entidades , que solicitaron apoyo para 111 proyectos, 67 de obras y 44 de equipamiento, con ayudas que superan los 950.000 euros. En Lugo, 55 asociaciones distribuyen más de 500.000 euros para 57 mejoras, mientras que en A Coruña, 44 entidades reciben más de 428.000 euros para 50 proyectos.

Las ayudas se distribuyen en dos líneas: la de obras, con un presupuesto de casi 2,6 millones de euros , y la de equipamiento, con más de 400.000 euros. La primera abarca actuaciones de acondicionamiento, reforma y ampliación de los locales de asociaciones de vecinos y de mujeres rurales, incluyendo la eliminación de barreras arquitectónicas o mejoras en estructuras, fachadas, cubiertas, sistemas de climatización o electricidad. En el caso de las instalaciones de las traídas comunitarias, se incluyen obras sobre captaciones, canalizaciones y depósitos destinadas a reducir las pérdidas de agua y mejorar la gestión y control de la calidad. La segunda línea facilita la adquisición de mobiliario, equipamiento informático o equipamiento acústico y audiovisual.

Las ayudas económicas concedidas pueden alcanzar la totalidad del inversión realizado, con un límite máximo por entidad de 12.000 euros para obras y de 5.000 euros para equipamiento. Desde la puesta en marcha de esta orden, el Gobierno gallego ha invertido casi 29 millones de euros que han beneficiado a cerca de 2.700 entidades , consolidando esta iniciativa como una de las herramientas fundamentales para apoyar el asociacionismo local y canalizar las necesidades y demandas de la población más cercana al territorio.