Galicia ha trasladado este jueves su solidaridad con Ceuta, pero ha aprovechado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para cargar contra el Ejecutivo central por su gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, votó a favor de la asignación de 25 millones de euros para atender la emergencia, si bien consideró la cantidad insuficiente y responsabilizó al Gobierno de España de “la incompetencia, la falta de coordinación y las liortas” que, a su juicio, han agravado la situación.

En la reunión, celebrada en Santiago, Fabiola García dejó claro que el Gobierno central debe destinar todos los recursos necesarios para que Ceuta pueda hacer frente a la crisis, tal como ha reclamado la propia ciudad autónoma y ha reconocido el propio Ejecutivo. “Es una situación provocada por la incompetencia del Gobierno de España en el control de las fronteras”, afirmó la conselleira, que añadió que “es un Gobierno que llega tarde y mal a esta crisis”.

La titular de Política Social recordó que la Ley de Extranjería establece como primera opción el regreso de los menores con sus familias de origen y, en caso de no ser posible, el retorno al sistema de protección de Marruecos. Sobre este extremo, lamentó que el Gobierno de España “no haya movido ni un papel” para atender la solicitud del país vecino sobre el retorno de sus menores, una cuestión que, en su opinión, evidencia la falta de planificación del Ejecutivo central.

Además de reivindicar la actitud solidaria demostrada por Galicia, Fabiola García advirtió de que cualquier hipotético reparto de menores por la Península debe ser consensuado con las comunidades autónomas y contar con el financiamiento necesario. En este punto, puso el foco en la reducción de fondos que, según denunció, ha aplicado el Gobierno central a Galicia en esta materia: un recorte del 82 % en el último año, al pasar de 4,2 millones a apenas 750.000 euros. La conselleira instó al Ejecutivo a corregir esta tendencia si pretende contar con el respaldo autonómico para afrontar una crisis que, a su juicio, requiere de un pacto de Estado en materia migratoria.