Efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, intervinieron en la madrugada del 26 de agosto un total de 2.551 kilos de sardina, distribuidos en 190 cajas, en el puerto de Aldán, en el municipio de Cangas. La actuación se enmarca en los servicios de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, de desembarque y comercialización de productos del mar.

Durante la inspección, los agentes detectaron varias irregularidades graves. El sistema de geolocalización AIS se encontraba apagado, la descarga se había realizado en un puerto no autorizado y la mercancía carecía por completo de la documentación preceptiva que garantizara su trazabilidad. Ante estas circunstancias, se procedió a la intervención de las 190 cajas, que fueron trasladadas al puerto de Vigo para su pesaje y custodia.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas y garantizadas las condiciones sanitarias para su consumo, la totalidad del pescado intervenido fue donado a diferentes asociaciones benéficas, evitando así su desperdicio y permitiendo que el producto llegue a personas y colectivos vulnerables.

Como consecuencia de las infracciones, se han formulado las correspondientes denuncias administrativas tanto al armador del buque como a la empresa receptora. Las sanciones, por dos faltas graves a la ley de pesca de Galicia, pueden alcanzar multas de entre 301 y 60.000 euros, a las que se suman las previstas en el real decreto 210/2004, por desembarcar en puerto no autorizado y falta de documentación, con multas de hasta 120.000 euros, y por el apagado del sistema AIS.

La Guardia Civil recuerda que estos controles buscan garantizar el cumplimiento legal, proteger los recursos marinos y asegurar que los productos pesqueros lleguen al consumidor con todas las garantías. La operación, desarrollada de forma coordinada entre el SEPRONA y el Servizo de Gardacostas de Galicia, refuerza la vigilancia en las costas gallegas para combatir las prácticas ilegales y proteger la sostenibilidad del sector.