El regreso de las vacaciones coincide este año con el arranque del curso judicial, y las reglas del juego han cambiado. La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, ha reordenado buena parte de la práctica procesal, con especial incidencia en el trabajo de abogados y procuradores, que afrontan un escenario de mayor exposición a reclamaciones por negligencia.

El cambio de mayor calado es la generalización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito previo de procedibilidad en la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles. Antes de presentar una demanda, es necesario acreditar un intento de negociación. Para los profesionales del Derecho, esto se traduce en nuevos plazos, nuevos trámites y más puntos donde un error puede tener consecuencias para el cliente y derivar en una reclamación por responsabilidad profesional.

No es un riesgo menor. Las reclamaciones por negligencia contra abogados y procuradores han crecido en los últimos años, al hilo de la mayor complejidad y especialización de los procedimientos. En el caso de los procuradores, el foco suele estar en la atención a los plazos procesales y en la presentación de escritos y recursos, cuya omisión puede traducirse en una pérdida de oportunidad indemnizable para el cliente.

Conviene recordar que el seguro de responsabilidad civil profesional es obligatorio para el ejercicio de la abogacía y la procura, por exigencia de la normativa colegial y estatutaria. Más allá del cumplimiento de la ley, esta cobertura protege tanto la indemnización al tercero perjudicado como los gastos de defensa jurídica, que en un procedimiento por responsabilidad pueden alcanzar cifras muy elevadas.

José Manuel Sánchez Trallero, director de Master Mutua, advierte sobre el nuevo contexto: “La vuelta a los juzgados llega este año con las reglas cambiadas por la Ley 1/2025. Cada plazo y cada trámite mal calculado es una fuente potencial de reclamación, y ahí la RC profesional deja de ser un formalismo para ser una red de seguridad, tanto para el profesional individual como para el despacho”. Con este panorama, los colegios profesionales recomiendan revisar las coberturas y extremar la diligencia en el cumplimiento de los nuevos requisitos procesales para minimizar riesgos.