La conexión de 220 kV que une O Porriño con Vigo, largamente reivindicada por la industria viguesa para poner fin a los constantes problemas de suministro, se ha convertido en un nuevo episodio de desigualdad territorial y falta de diálogo institucional. El proyecto, que supera los 72 millones de euros y cuenta con la declaración de utilidad pública, dibuja un trazado a dos velocidades: el soterramiento queda reservado para las zonas habitadas de Vigo, mientras que los municipios de O Porriño y Mos asumen el impacto visual, las expropiaciones y las servidumbres de paso.

Según ha podido saber Xornal21.es, la infraestructura proyectada por Red Eléctrica de España discurrirá por los términos municipales de O Porriño, Mos y Vigo, pero el reparto de cargas es notablemente desigual. El trazado de la línea aerosubterránea, de 21,43 kilómetros de longitud total, contempla una parte aérea de 8,47 kilómetros distribuida en dos tramos: uno de 1,9 kilómetros íntegramente en O Porriño y otro de 6,57 kilómetros que atraviesa los municipios de Mos y Vigo. La parte subterránea, de 12,97 kilómetros, también discurre por los tres municipios, pero en el caso de Vigo se concentra en zonas urbanas, mientras que en los municipios vecinos se extiende por terrenos rurales y comunales. En el término municipal de Mos, están previstos 3,996 kilómetros de trazado soterrado, mientras que el tramo aéreo entre Mos y Vigo afectará a parroquias como Tameiga y Pereiras, donde se instalarán torres de gran altura.

El proyecto incluye la construcción de una nueva subestación Bateas 220 kV, que se ubicará en la parroquia viguesa de Bembrive. Esta instalación, de tecnología blindada Gis y configuración de doble barra, dotará de mayor capacidad a la red de transporte de la comarca. Sin embargo, su ubicación en Vigo contrasta con la dispersión de las torres y los tendidos aéreos que jalonarán el paisaje de O Porriño y Mos.

Las alegaciones presentadas por los vecinos, especialmente por la comunidad de montes de Atios, han sido desestimadas sin posibilidad de réplica. Los comuneros denuncian que el trazado aprobado parte por la mitad su monte comunal, descrito como el más productivo, y que una de las torres proyectadas se sitúa a escasos 100 metros de las viviendas del barrio de O Carbón. Su propuesta de soterrar el tramo que afecta a sus terrenos fue descartada por razones de coste, y su solicitud de desplazar el apoyo número 5 también fue ignorada por la Xunta.

En el caso de Mos, la movilización institucional ha llegado más lejos. La alcaldesa, Nidia Arévalo, ha anunciado la presentación de alegaciones formales al trazado y ya ha mantenido una reunión con el delegado regional Noroeste de Redeia, Fidel Rodríguez, la directora de proyectos Sonia Hernán, y los representantes de la Xunta de Galicia, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, y la delegada territorial de Pontevedra, Beatriz López del Olmo. En el encuentro, según ha podido saber este digital, la alcaldesa defendió que el Concello de Mos no pretende dificultar la llegada de la infraestructura energética que precisa la actividad industrial, pero advirtió de que el desarrollo de la red de transporte debe compatibilizarse con la protección de las personas y del territorio municipal. "No queremos ser un problema para la energía que necesita la industria, pero Mos también tiene que defender su territorio, sus parroquias y las personas afectadas por el proyecto", señaló Arévalo.

Una de las principales propuestas trasladadas por el Concello de Mos es estudiar la utilización de corredores e infraestructuras viarias ya existentes, con el objetivo de reducir nuevas afecciones sobre el suelo y minimizar el impacto paisajístico. El gobierno local también puso sobre la mesa diferentes afecciones concretas detectadas por sus servicios técnicos, entre ellas las relacionadas con viviendas y construcciones existentes o con licencias concedidas, así como con montes comunales, equipamientos y actuaciones previstas en distintas parroquias.

Por parte de Red Eléctrica, sus representantes manifestaron su disposición a estudiar técnicamente las alternativas que formule el Concello de Mos durante el período de información pública. La reunión permitió establecer una vía de trabajo entre los técnicos municipales y los responsables de la empresa para revisar los puntos considerados más conflictivos y analizar la viabilidad de las propuestas que se incorporen a las alegaciones. La Xunta establece un plazo de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el DOG, para consultar la documentación y presentar alegaciones.

La postura de Mos contrasta con el silencio institucional del Concello de O Porriño, cuyo alcalde, Manuel Alejandro Lorenzo Alonso (PP), aún no se ha pronunciado sobre los perjuicios que esta infraestructura causará en su municipio, donde el trazado aéreo concentra el mayor número de torres y expropiaciones. Tampoco se ha posicionado públicamente sobre la situación de los vecinos de Atios, cuyas alegaciones fueron desestimadas sin posibilidad de réplica.

El problema de fondo que justifica la obra, los crónicos problemas de suministro eléctrico que afectan a Vigo y a su tejido industrial, es real y reconocido por todos los agentes económicos. La actual red de 132 kV es vulnerable a las tormentas y provoca "huecos de tensión" que paralizan las cadenas de montaje de Stellantis en Balaídos. Sin embargo, la solución técnica elegida —línea aérea en los municipios vecinos y subterránea en Vigo— perpetúa un modelo de desarrollo metropolitano que concentra los beneficios en el gran polo urbano y externaliza los costes territoriales hacia los municipios periféricos.

Autopistas, autovías, líneas de ferrocarril y ahora una conducción eléctrica de alto voltaje convierten a O Porriño y Mos en territorios de tránsito, soporte físico de infraestructuras metropolitanas. El proyecto no resuelve la cuestión de fondo: ¿por qué los beneficios de una infraestructura financiada con fondos públicos se concentran en Vigo mientras las molestias, las expropiaciones y el impacto paisajístico se reparten entre los municipios vecinos?

La pregunta queda en el aire mientras los vecinos de O Porriño, Mos y Vigo afectados por el trazado esperan conocer el alcance exacto de las expropiaciones y las compensaciones que recibirán. Mientras el alcalde de Vigo, Abel Caballero, presume de que la línea llegará soterrada a su ciudad, el Concello de Mos ha decidido plantar cara y defender su territorio. O Porriño, de momento, permanece en silencio. Lo que ya es evidente es que, una vez más, la periferia paga la factura del crecimiento de la ciudad, y que el periodo de alegaciones abierto ahora es la última oportunidad para que los afectados puedan hacer oír su voz.