La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que las garantías económicas y jurídicas vinculadas a la transferencia de la AP-9 queden expresamente recogidas por escrito, con el objetivo de evitar que Galicia tenga que asumir en el futuro una "factura millonaria" derivada de decisiones adoptadas por el Estado antes del traspaso. Durante su intervención en el Pazo do Hórreo, la conselleira subrayó que "si el Estado va a asumir las obligaciones y consecuencias económicas vinculadas a la autopista, pongámoslo por escrito, que quede constancia".

Allegue insistió en que el texto debe garantizar expresamente que Galicia no asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, que el Estado hará frente a las actuaciones e inversiones necesarias en la AP-9, y que estarán garantizados los recursos para ampliar las bonificaciones. La conselleira advirtió de que estos son "riesgos reales" que deben quedar resueltos antes de culminar el proceso de transferencia, y recordó que la Xunta lleva más de una década reclamando formalmente este traspaso a través de sucesivas iniciativas parlamentarias.

Ante las discrepancias con el texto aprobado en el Congreso, la Xunta ha solicitado formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Galicia para resolver las diferencias y garantizar que el futuro traspaso cuente con la máxima seguridad jurídica y financiera. Allegue explicó que, a través de esta vía, la Xunta pretende que el traspaso "no sea un lastre para Galicia" y que la futura Comisión Mixta de Transferencias pueda desarrollar sus trabajos sobre un "marco cierto y seguro".

La conselleira fue rotunda al advertir de que sería "profundamente irresponsable aceptar hoy una transferencia y descubrir mañana que Galicia tiene que asumir miles de millones de euros derivados de decisiones que no tomó". Reivindicó que Galicia quiere la transferencia de la AP-9, pero "no una factura que no corresponde a los gallegos", y reclamó a las fuerzas políticas del Parlamento que rectifiquen y que las garantías queden expresamente recogidas por escrito.