La cadena Vivanta Dental ha cerrado al menos cuatro clínicas en el País Vasco, dos en Zaragoza y una en A Coruña, dejando de un día para otro y sin previo aviso decenas de tratamientos a medias. Los usuarios se han encontrado con las puertas cerradas y con intervenciones ya comenzadas y, en algunos casos, pagadas por completo. Estos cierres vienen a sumarse a otras desapariciones de centros privados de salud y estética en los últimos meses, lo que ha generado una creciente preocupación entre los consumidores. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado a los afectados los pasos que deben seguir para defender sus derechos.

El primer paso es recopilar y guardar toda la documentación que demuestre la vinculación con la clínica y la prestación del servicio: desde publicidad y folletos hasta contratos, facturas y presupuestos. A continuación, el afectado debe ponerse en contacto con la clínica presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento. Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web o en el Registro Mercantil.

Si la reclamación directa no prospera, el consumidor puede acudir a los Servicios de Consumo para denunciar los perjuicios ocasionados por el cierre: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc. En caso de haber sufrido una mala praxis, debe presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de su comunidad autónoma. Si además hubiera daños, OCU recomienda pedir un informe a un dentista colegiado o a un perito odontólogo para poder reclamar judicialmente y comunicarlo al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la provincia.

Un aspecto clave que muchos afectados desconocen es el de los créditos vinculados. Si se solicitó un crédito para financiar el tratamiento, el usuario debe dirigirse por escrito y de forma fehaciente a la entidad financiera para solicitar su liquidación y posterior cancelación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasado un mes la entidad no responde o su respuesta no es satisfactoria, el consumidor puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

En caso de que la empresa presente concurso de acreedores, los afectados deben dirigirse al Administrador Concursal designado por el Juzgado correspondiente. Sin embargo, OCU advierte de que es difícil que los consumidores puedan recuperar las cantidades reclamadas, ya que la ley los sitúa como los últimos en la lista de acreedores.

Por todo ello, OCU reclama que se tomen medidas para evitar que los usuarios queden desprotegidos ante casos como estos. Entre sus demandas figuran una mejor regulación de la prestación de estos servicios que garantice los derechos de los usuarios en casos de cierre, la realización de campañas de inspección y mayores controles para asegurar un trato adecuado y profesional, y una modificación urgente de los procedimientos concursales para que los créditos a los consumidores gocen de privilegio frente al resto de acreedores.