La Xunta presentará esta semana alegaciones al Real Decreto de gestión de riesgos de inundación que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y reclamará al Gobierno central que retire su propuesta de modificar los criterios de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). El presidente Alfonso Rueda advirtió de que estos cambios podrían afectar a más de 2.500 edificaciones costeras en Galicia.

El Ejecutivo autonómico denuncia "inseguridad jurídica", falta de rigor técnico y afección al derecho a la propiedad privada. Según las estimaciones de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el cambio de criterio ampliaría el dominio público en 6,53 km², hasta superar los 156 km², el equivalente a más de cuatro veces el término municipal de A Coruña. En esa superficie se contabilizan 2.511 edificaciones preexistentes que pasarían a estar catalogadas como bienes de dominio público, entre ellas "depuradoras, pabellones o industrias".

El origen del conflicto está en la modificación de un criterio técnico del actual Reglamento General de Costas. Hasta ahora se exigía que el mar alcanzase una determinada cota de manera recurrente —cinco ocasiones en un período de cinco años como mínimo— para fijar la línea de deslinde. La propuesta estatal sustituye ese criterio por uno nuevo basado únicamente en la máxima ola registrada en un momento concreto, desde un período temporal indefinido y abierto. La Xunta alega que con esta propuesta el Ministerio recupera la misma modificación que ya intentó introducir en 2022 y que fue declarada nula por el Tribunal Supremo, y que en esta ocasión lo hace a través de un real decreto que regula una materia diferente.

La argumentación del Gobierno gallego sostiene que sustituir un criterio basado en el tiempo y la frecuencia de los temporales por otro absoluto basado en el valor máximo de una serie histórica supondría, en la práctica, que una única ola excepcional fuese suficiente para determinar una delimitación. Además, advierte de que este cambio normativo se suma a la tramitación paralela de la modificación del Reglamento General de Costas, con la que el Ejecutivo central pretende endurecer el régimen de concesiones en el litoral y sus prórrogas.

La Xunta también incluye observaciones técnicas en materia de inundaciones. Alega que el real decreto incorpora nuevas exigencias documentales y administrativas, así como obligaciones y limitaciones de usos para los territorios en riesgo, como la prohibición de acampadas, la instalación de cámpings o la celebración de eventos con concentración de personas. Advierte de que muchas de estas obligaciones no van acompañadas de criterios técnicos claros y homogéneos, lo que puede generar diferentes interpretaciones, y de que existe riesgo de duplicidades con instrumentos que ya existen, como los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación o los informes de Augas de Galicia. La Xunta considera además que los plazos son "excesivamente apresurados" y que la aplicación del real decreto supondrá un incremento de gastos para los organismos de cuenca sin que conste la transferencia de recursos para asumirlos.