La falta de un protocolo común y vinculante frente a la anafilaxia en los centros educativos españoles ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La farmacéutica especializada en alergia alimentaria Amapola Munuera, en representación de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) , intervino el pasado 9 de septiembre en Bruselas en la presentación de la alianza ACT for Anaphylaxis Alliance, trasladando la necesidad de crear un marco homogéneo que proteja a los menores con riesgo de anafilaxia en las aulas, un riesgo potencial para hasta 1 de cada 12 alumnos. "Necesitamos una regulación europea común contra la anafilaxia en la escuela. Un marco vinculante y un compromiso firme para aplicarlo. Ya vamos tarde", defendió Munuera durante su intervención.

La reivindicación responde a un problema que afecta directamente al entorno escolar. Según los datos trasladados por AEPNAA, una de cada cinco anafilaxias se produce en el colegio y, aproximadamente en la mitad de esos casos, supone la primera reacción alérgica conocida del menor. El propio protocolo de atención escolar de la asociación subraya que todo el profesorado y el personal del centro debe conocer las pautas de actuación ante una emergencia. "Si no hay personal formado ni protocolos unificados, no hay nada bajo control. No podemos confiar únicamente en la buena voluntad, la concienciación o el saber hacer de los colegios, porque los colegios no son centros sanitarios. También ellos necesitan una guía oficial clara y vinculante, y respaldo institucional", señala Munuera.

Las cinco claves para un protocolo eficaz

La prevención comienza antes del inicio de las clases. El colegio debe coordinarse con la familia mediante una entrevista inicial para recoger la historia médica, los alérgenos a evitar y las pautas de rescate prescritas. Toda esta información se sintetiza en una ficha escolar de salud individualizada —accesible para el profesorado y el personal de servicios— que incluye la fotografía del alumno, sus síntomas de alerta y los contactos de emergencia.

La protección exige el control riguroso de alérgenos y la prevención de la contaminación cruzada en el comedor escolar, mediante menús especiales etiquetados, separación de espacios y utensilios exclusivos, así como la revisión activa de materiales didácticos, manualidades, excursiones o celebraciones donde el alérgeno pueda estar oculto. El objetivo es adaptar las actividades sin recurrir jamás a la exclusión o aislamiento del menor.

Ante una anafilaxia, la adrenalina autoinyectable es el único tratamiento de primera línea y su administración no debe sufrir demoras. La medicación, marcada para cada alumno, se debe custodiar en un punto del centro conocido por todo el personal, de acceso rápido e inmediato, y nunca bajo llave. Además, el equipo docente y no docente debe recibir formación periódica para reconocer los signos de anafilaxia y saber aplicar la técnica de autoinyección con seguridad.

Ante la aparición de síntomas graves o de rápida progresión —dificultad respiratoria, hinchazón de garganta o desvanecimiento—, el personal del centro debe actuar inmediatamente amparado por el deber de socorro. Tras administrar la adrenalina intramuscular, se debe activar el servicio de emergencias (112) indicando que se trata de una reacción anafiláctica, mantener al alumno en posición adecuada sin dejarlo solo en ningún momento y disponer su traslado a una instalación médica para supervisión.

Baleares, primer paso hacia un modelo común

Mientras España sigue sin contar con un marco estatal homogéneo, Baleares ha comenzado a implantar un procedimiento específico frente a la anafilaxia en los centros educativos públicos. Salud y Educación han desarrollado un marco común que contempla protocolos específicos, formación y medicación de emergencia, y los centros dispondrán de autoinyectores de adrenalina y criterios homogéneos para responder ante una urgencia vital. Para Munuera, este avance demuestra que es posible pasar de las recomendaciones a una estructura operativa. El objetivo ahora es que la protección de un menor con riesgo de anafilaxia no dependa del centro o de la comunidad autónoma en la que estudie.

El protocolo de AEPNAA recuerda que en España no existe todavía un reglamento estatal que obligue a los centros a administrar medicación de urgencia ante una situación de riesgo vital, al tiempo que recoge la relevancia del artículo 195 del Código Penal sobre la omisión del deber de socorro. Por eso, la asociación reclama que la actuación frente a una anafilaxia deje de depender de la improvisación y se apoye en un marco común que combine prevención, formación, acceso inmediato a la adrenalina, planes individualizados y coordinación entre Sanidad y Educación. "Europa hizo un gran trabajo con el etiquetado de alimentos; ahora es momento de dar el segundo paso para proteger a nuestros niños más vulnerables dentro de las aulas. Sabemos cómo prevenir estas muertes, así que tenemos la responsabilidad de actuar ya", concluye la experta.