La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado que la Comisión Europea haya recogido su propuesta histórica de pago directo a los subcontratistas en el nuevo Reglamento de Contratación Pública. La entidad valora especialmente que Bruselas apueste por sustituir las actuales directivas por un único reglamento directamente aplicable en toda la Unión Europea, lo que favorecerá una mayor homogeneidad y seguridad jurídica. Sin embargo, la PMcM considera imprescindible que el cumplimiento de los plazos de pago alcance de manera efectiva a toda la cadena de contratación y no dependa de decisiones discrecionales de cada Administración.

La propuesta europea establece que los compradores públicos deberán garantizar el pago puntual a contratistas y, cuando proceda, subcontratistas. Además, contempla que, a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, la Administración deba abonarle directamente los importes debidos por los trabajos, suministros o servicios prestados al contratista principal. "Es un avance muy relevante que Europa refuerce la protección de quienes están al final de la cadena y reconozca el pago directo a los subcontratistas. No basta con que la Administración pague al adjudicatario principal: el dinero tiene que llegar en plazo a las pymes y autónomos que han ejecutado realmente el contrato", afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM, que también sugiere que esta petición del subcontratista sea confidencial para evitar abusos del contratista.

La PMcM reclama que la disposición que permite a las Administraciones establecer como condición que los contratistas trasladen a la cadena de suministro condiciones de pago equivalentes pase a ser obligatoria, de manera que los plazos y garantías se respeten en todos los eslabones. "Una Administración que paga puntualmente al contratista principal pero permite que este pague tarde a sus subcontratistas no ha eliminado la morosidad, simplemente la ha desplazado. El dinero público debe recorrer toda la cadena con las mismas garantías de pago", sostiene Cañete. Los datos de la propia PMcM evidencian la dimensión del problema: su último informe sitúa en 70 días el periodo medio de pago de las Administraciones Públicas en 2025, frente al máximo legal de 30 días, y eleva hasta 87 días el plazo medio en que los contratistas principales pagan a sus subcontratistas. Además, el 60% de los proveedores sufrió la imposición de plazos superiores a los permitidos legalmente.

La Plataforma pide asimismo aprovechar el nuevo sistema europeo de datos de contratación para disponer de información pública y comparable que permita identificar a las Administraciones que incumplen de forma sistemática. La PMcM considera que esta reforma debe avanzar de forma coherente con el Reglamento Europeo contra la Morosidad (COM(2023) 533), cuya tramitación continúa abierta y que permanece a la espera de la posición del Consejo en primera lectura. "Europa tiene ahora la oportunidad de cerrar el círculo: unas reglas de contratación pública que impidan trasladar la morosidad a los subcontratistas y un Reglamento contra la Morosidad con mecanismos de control y sanciones capaces de hacer cumplir los plazos. Sin obligatoriedad, control y consecuencias ante el incumplimiento, seguiremos teniendo buenas normas que no consiguen cambiar las prácticas de pago", concluye Cañete.