El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que el Gobierno autonómico ha autorizado el envío al Consello Consultivo de Galicia del decreto que crea el Registro de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. La herramienta, según ha podido saber este medio, estará lista antes de que termine el año y permitirá a la ciudadanía "conocer en todo momento los permisos vigentes en la costa".

"Esto va a situar a Galicia a la vanguardia en transparencia y gestión del litoral", ha señalado Rueda, que ha explicado que el registro funcionará como un inventario administrativo y también como un instrumento de conocimiento del territorio. Cada título incluirá información sobre la provincia, el concello y sus coordenadas, además de la superficie ocupada, el plazo, el canon y, cuando proceda, la causa y fecha de extinción.

Entre sus principales características destacan la digitalización, la interoperabilidad con otras administraciones y la accesibilidad para la ciudadanía, además de la capacidad de emitir certificaciones sobre su contenido. Los datos "serán actualizados de oficio continuamente" a medida que se incorporen las autorizaciones y concesiones, lo que permitirá hacer "una radiografía bastante exacta de las actividades autorizadas a lo largo del territorio costero gallego".

Un modelo de gestión más simple y homogéneo

El registro da continuidad al trabajo desarrollado desde que la Xunta asumió el traspaso de funciones y servicios en materia de litoral en julio del pasado año. En este tiempo se ha habilitado una solicitud electrónica única frente a la dispersión anterior de formularios, se han unificado los criterios técnicos, los plazos, las tasas y las condiciones aplicables en las tres provincias costeras, y se ha reforzado el acompañamiento a la ciudadanía, a los concellos y al tejido productivo con el portal Galicia litoral, una canal específica de información en el 012, guías con criterios uniformes y jornadas formativas.

En menos de 15 meses, Galicia ha tramitado 2.749 actuaciones en materia de litoral. En la zona de servidumbre de protección se resolvieron 1.247 actuaciones entre autorizaciones y declaraciones responsables, mientras que en el dominio público marítimo-terrestre se tramitaron 875 títulos habilitantes, que se incorporarán progresivamente al nuevo registro.

Dificultades heredadas del Estado

La Xunta subraya que este volumen de actividad cobra especial relevancia por las condiciones en las que asumió la competencia. La documentación transferida por el Gobierno central no permitió disponer de una copia plenamente operativa y actualizada del registro estatal de usos del dominio público marítimo-terrestre, y su acceso público permanece temporalmente inactivo por trabajos técnicos. El propio Ministerio reconoce que los datos en los que se basa pueden contener errores u omisiones.

A esta dificultad se añade que la documentación estatal no se recibió de manera unitaria, sino en sucesivos lotes, con deficiencias formales y estructurales, archivos de difícil acceso, duplicados y problemas de adecuación a la normativa técnica de interoperabilidad. Esto obligó a la Xunta a realizar un importante trabajo previo de análisis, dep uración y ordenación para garantizar una tramitación homogénea y con seguridad jurídica.