El Consello da Xunta ha aprobado el proyecto de la nueva Lei de Administración Local de Galicia, que sustituye la normativa vigente tras casi 30 años. El presidente, Alfonso Rueda, ha explicado que era necesario adaptar la norma "a la realidad y a los nuevos cambios que fueron surgiendo en los últimos años" con el objetivo de "seguir garantizando que los concellos dispongan de los recursos que necesitan para llevar a cabo el ejercicio de sus competencias".

Según ha podido saber este medio, la ley busca "modernizar el marco local gallego, simplificar la burocracia y adaptar la norma al entorno digital", además de "fomentar la cooperación entre administraciones". El texto inicia ahora su trámite parlamentario después de un proceso de audiencia e información pública en el que se evaluaron alrededor de medio millar de aportaciones y se mantuvieron reuniones con las diputaciones, la Fegamp y los colegios de secretarios, interventores y tesoreros.

Novedades principales

La nueva norma se estructura en un título preliminar y nueve títulos específicos, y deroga cinco leyes autonómicas, entre ellas la Lei de Administración Local de 1997 o la Lei do uso do galego de 1988. Entre sus objetivos figuran la clarificación de competencias, la adaptación de la organización municipal a la diversidad de los concellos, el refuerzo del papel de las diputaciones, la apuesta por la administración digital y la inteligencia artificial —siempre con supervisión humana—, una mayor participación ciudadana y la mejora de la autonomía financiera local.

La norma mira al rural y, por primera vez, da un tratamiento específico a los municipios en situación de reto demográfico. Se refuerza la asistencia de las diputaciones a los concellos con menos recursos y se introducen figuras innovadoras como las áreas funcionales temporales o las agrupaciones de municipios para compartir personal técnico, ofreciendo "más capacidad a menor coste". Además, se incorpora la figura de la dirección pública profesional en diputaciones y municipios de más de 30.000 habitantes, y se regula la celebración de órganos colegiados mediante sesiones telemáticas y mixtas.

Fondos incondicionados y nuevo modelo de financiación

En materia de financiación, el proyecto establece las bases de un nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos autonómicos a través del Fondo de Cooperación Local. Los fondos incondicionados representarán casi el 89 % del total del FCL —casi nueve de cada diez euros— y se incrementarán en 20 millones de euros respecto al modelo actual. La cantidad mínima anual para todos los municipios por costes fijos será de 100.000 euros, y su distribución tendrá en cuenta variables como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión, la situación de reto demográfico o el esfuerzo fiscal.

El nuevo sistema incluye además un fondo para compensar los gastos de los concellos con necesidades específicas y otro dirigido a inversiones en infraestructuras municipales estratégicas. Con ello, la Xunta pretende aportar "mayor estabilidad, más objetividad y autonomía financiera local", adaptando los recursos a las diferentes realidades de los concellos gallegos.