La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha contrapuesto esta semana en el Parlamento de Galicia los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central, que calificó de "improvisados y electoralistas", con el esfuerzo presupuestario de la Xunta, cuyas políticas en esta materia alcanzarán los 520 millones de euros, un 50% más que este año. Durante su intervención, Allegue criticó la aprobación de los dos reales decretos estatales, que recogen 21 medidas, por la falta de consenso y planificación, y cuestionó que se impulsen nuevas obligaciones sin el financiamiento necesario para las administraciones encargadas de asumirlas.

La conselleira advirtió de que los decretos no ofrecen respuestas suficientes a la principal preocupación de la ciudadanía e insistió en que las medidas propuestas "vuelven a apostar por fórmulas que no han conseguido resolver el acceso a la vivienda ni incrementar la oferta disponible". "Es decir, volver a la mesa la receta que no logró resolver el acceso a la vivienda y que no puso más hogares a disposición de la ciudadanía", subrayó. En este sentido, hizo hincapié en que las prórrogas obligatorias de los alquileres, las indemnizaciones previstas y la prolongación hasta 2030 de la suspensión de los desahucios no ofrecen, a su juicio, una respuesta eficaz al problema, al no contribuir a incrementar la oferta de inmuebles disponibles.

Allegue defendió la necesidad de proteger a las familias vulnerables, pero subrayó que esta responsabilidad "no puede recaer indefinidamente en los propietarios ni trasladarse a las comunidades autónomas sin financiamiento suficiente". En su opinión, estos decretos suponen "más intervención del Gobierno en la propiedad privada, más inseguridad jurídica, más populismo y muy pocas soluciones para el problema principal de falta de viviendas".

Zonas tensionadas

La conselleira cuestionó también que los decretos "priemien" a las comunidades autónomas que impulsan zonas tensionadas mediante mayores bonificaciones fiscales y condicionen a estas declaraciones el acceso a nuevos fondos estatales para vivienda. Consideró que esta fórmula "discrimina a las administraciones que realizan esfuerzos para facilitar el acceso a la vivienda sin aplicar ese modelo", y criticó la eficacia de las zonas tensionadas para incrementar la oferta residencial y reducir los precios de los alquileres. Frente a la falta de presupuestos del Gobierno central, Allegue defendió la necesidad de planificación, financiamiento y medidas que permitan aumentar el número de viviendas disponibles, y reivindicó el compromiso presupuestario de la Xunta, que elevará hasta los 520 millones de euros los recursos destinados a vivienda, un 50% más que en el ejercicio anterior.