Un juzgado de O Porriño ha abierto diligencias para investigar la actividad de un grupo de Telegram, bautizado como Alerta Policial Pontevedra, en el que supuestamente se compartían datos e informes confidenciales entre agentes de distintos cuerpos policiales de la provincia de Pontevedra. La causa ha sido declarada secreta, según publican varios digitales.

El grupo habría reunido presuntamente a unos 300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales de Vigo y otras localidades de Pontevedra. Según la información avanzada por The Objective, la plataforma habría estado activa entre 2020 y 2026 y en ella se habrían difundido datos muy sensibles como: antecedentes, filiaciones, documentos de consultas policiales, datos de vehículos y fotografías de sospechosos o detenidos.

La investigación judicial llega después de que la Fiscalía de Vigo examinara una denuncia presentada por un inspector de la Comisaría de Vigo-Redondela. El funcionario alertó de que información procedente de bases de datos policiales de acceso restringido se estaba compartiendo en ese canal no oficial, al margen del control de los mandos y de los procedimientos establecidos.

La Fiscalía habría apreciado indicios de posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. La apertura de diligencias, sin embargo, no supone una imputación ni una condena: el juzgado deberá determinar si los hechos ocurrieron, quiénes participaron y qué responsabilidad puede corresponderles.

Según The Objective, el presunto administrador del grupo sería un mando de Policía Local, lo que explicaría la competencia del juzgado. Fuentes consultadas por distintos medios señalan que, por el momento, no se ha confirmado si hay personas investigadas ni se han trascendido detalles de las actuaciones, protegidas por el secreto del sumario.

La denuncia también apunta a que algunos mandos policiales podrían haber tenido conocimiento de la existencia del chat. Ese extremo deberá ser aclarado durante la instrucción, junto con el alcance real de la presunta filtración de información sensible y la eventual adopción de medidas cuando se conocieron las irregularidades.