Galicia
Vox se querella contra el delegado del Gobierno por los altercados de A Coruña
La formación atribuye a Pedro Blanco un presunto delito electoral, prevaricación administrativa y delitos contra los derechos cívicos por permitir la contramanifestación de Galiza Nova.
Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró el pasado 21 de octubre en la plaza de María Pita. La acción judicial se dirige contra el delegado por haber permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que Vox tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado.
Según puido saber este medio, la coordinadora nacional jurídica de la formación, Marta Castro, ha denunciado que "la Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de Vox y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes". La querella atribuye al delegado un presunto delito electoral, así como posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas.
Asimismo, Vox se querella contra las personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre. "Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos", concreta Castro. La acción judicial se dirige también contra cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación.

Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró el pasado 21 de octubre en la plaza de María Pita. La acción judicial se dirige contra el delegado por haber permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que Vox tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado.
Según puido saber este medio, la coordinadora nacional jurídica de la formación, Marta Castro, ha denunciado que "la Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de Vox y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes". La querella atribuye al delegado un presunto delito electoral, así como posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas.
Asimismo, Vox se querella contra las personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre. "Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos", concreta Castro. La acción judicial se dirige también contra cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación.



































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