Las organizaciones de productores con sede en Vigo, representativas del sector pesquero de bandera española, han trasladado a la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, su preocupación por la situación económica de las empresas armadoras debido al encarecimiento del combustible y a las dificultades y demoras en la percepción de las ayudas habilitadas por el Gobierno. En un escrito conjunto, solicitan revisar con carácter urgente el sistema de compensaciones, incluida su aplicación retroactiva, para contribuir a mantener la actividad de la flota, según han informado las organizaciones.

Una de las principales preocupaciones se refiere a las flotas que faenan en aguas internacionales, cuyas empresas todavía no han recibido las ayudas iniciales correspondientes al periodo marzo-abril, pese a soportar incrementos del precio del combustible superiores al 86,23% respecto a febrero. Las demás flotas también afrontan dificultades para compensar el aumento de sus costes, al no disponer de nuevas ayudas posteriores a abril. Las organizaciones señalan, asimismo, la conveniencia de que los importes anunciados públicamente por el Ministerio se traduzcan cuanto antes en ayudas efectivamente percibidas por las empresas, y consideran que la agilidad en la tramitación y el pago resulta fundamental para aliviar la presión económica sobre los armadores.

La situación contrasta con la de otros países europeos. Según las organizaciones, Francia dispone de ayudas que han llegado a duplicar las españolas y ha comenzado a anticipar las correspondientes al último cuatrimestre del año, mientras que la flota española de larga distancia continúa pendiente de percibir las primeras. También apuntan a la existencia de mecanismos de apoyo en otros Estados miembros que consideran más ágiles y adaptados a las necesidades de las empresas.

A estas circunstancias se suman el incremento de otros suministros y pertrechos y unos precios de primera venta que, según las organizaciones, se mantienen en niveles similares a los de hace quince años. Esta combinación está reduciendo progresivamente los márgenes empresariales y dificulta la continuidad de la actividad en determinadas pesquerías.

Por ello, solicitan que las ayudas se calculen sobre el combustible realmente consumido, que se revise su cuantía para cubrir el 70% del sobrecoste durante todo el periodo y que estas mejoras tengan efecto retroactivo. También proponen actualizar los precios de referencia y adoptar medidas complementarias en materia de costes sociales y fiscales.

Las organizaciones consideran prioritario agilizar la respuesta de la Administración y adaptar las ayudas a la realidad de los costes, para contribuir a preservar la viabilidad de las empresas y el papel de la flota española en el abastecimiento de productos pesqueros.