El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Gobierno autonómico, a través del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), destinará 3,6 millones de euros a una línea de ayudas de emergencia para paliar los efectos del conflicto de Oriente Próximo en las explotaciones agroganaderas gallegas, en concreto para ayudarles a afrontar los sobrecostes de los fertilizantes y el gasóleo.

Según puido saber este medio, estas aportaciones directas se activarán "cuanto antes sea posible", una vez que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó el pasado 21 de octubre el reparto de fondos entre comunidades autónomas. Según esta distribución, a Galicia se le asignó un total de 1,6 millones de euros, que la Xunta complementa con otros 2 millones de fondos propios con el objetivo de "llegar a 4.500 agricultores y ganaderos gallegos".

Las ayudas se tramitarán con la mayor celeridad administrativa posible. Una vez aprobada la medida por el Consello da Xunta, se publicará de inmediato la correspondiente resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y a continuación los agricultores podrán aceptar o rechazar la ayuda a través de un formulario en la sede electrónica de la Xunta. La previsión es que los beneficiarios tengan ingresada la ayuda antes de que finalice el año.

Requisitos y criterios

La medida tendrá carácter horizontal y se aplicará a los distintos sectores agrícolas y ganaderos, sin exclusiones ni prioridades en función de la orientación productiva, siempre que se cumplan las condiciones establecidas: estar de alta en el RETA o en el SETA en la rama de actividad agraria, obtener al menos el 25 % de los ingresos de la actividad agraria y presentar la solicitud única de la PAC 2026. Con estas condiciones, se estima que podrán beneficiarse alrededor de 4.500 personas agricultoras.

Las ayudas se determinarán de acuerdo con criterios objetivos relacionados con la superficie agraria de secano o regadío, excluidos los pastos, y el Fogga realizará un plan de controles para comprobar los sobrecostes reales y la correcta aplicación de la metodología de cálculo, establecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los importes oscilarán entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 6.010 euros por beneficiario.