Somos Nigrán ha denunciado públicamente la "grave irresponsabilidad política y contable" del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan González, tras la resolución firme de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que ordena la "inmediata cesación de uso" y la demolición de una carpa metálica y sus instalaciones anexas en el lugar de Condomínguez (Priegue). La APLU considera que las obras "no son legalizables".

Según ha podido saber este medio, la portavoz de Somos Nigrán, Lucía Chamorro, ha calificado de "farsa pagada con dinero público" que el Concello destinase 26.559,50 euros del dinero de la vecindad a financiar y ejecutar una "infraestructura permanente en suelo rústico de protección forestal", un espacio en el que la propia Xunta de Galicia acaba de confirmar la "incompatibilidad absoluta" con el ordenamiento urbanístico. La formación subraya que el procedimiento contable del Concello pone en evidencia un fraccionamiento irregular de contratos: el Gobierno local aprobó en febrero de 2022 una modificación presupuestaria para adquirir la estructura de la carpa haciendo constar que se destinaba a "instalaciones deportivas municipales", pero no se destinó a un suelo de propiedad municipal, sino a un terreno privado. Además, abonó el importe bajo el concepto de suministro dividiendo el pago en dos facturas (16.637,50 euros en diciembre de 2022 y 9.922,00 euros en agosto de 2023) "para eludir la licitación pública".

A este fraccionamiento se suma la ejecución de las conexiones de agua, luz y saneamiento, realizadas por los servicios municipales de Vías y Obras. "Al carecer la instalación de licencia urbanística y de contadores oficiales, desde la formación advertimos que dichos consumos seguramente están siendo asumidos directamente por el propio Concello, costeados por la vecindad de Nigrán", señala Chamorro, que considera que la responsabilidad exclusiva del pago fraccionado y de las conexiones irregulares es del Gobierno municipal, que además "permite que a día de hoy se siga utilizando la pista ignorando deliberadamente la orden de cese expreso de la APLU".

"Un tonto útil"

La formación también ha cargado contra la Comunidade de Montes de Priegue, propietaria de la parcela, que "se limitó a actuar como el tonto útil y cómplice necesario de unos gestores que la utilizaron para darle cobijo en un suelo privado a un capricho personal y político". Chamorro revela además que, cuando tuvo conocimiento de estos hechos, "por si pudiesen ser constitutivos de delito", puso toda la documentación en conocimiento de la APLU y de la Fiscalía de Área de Vigo en abril de este año.