Las franjas de protección frente al fuego podrán duplicar sus distancias en zonas estratégicas de Galicia si prospera el proyecto de Ley de lucha contra los incendios forestales aprobado por el Consello da Xunta. El texto será remitido al Parlamento para su debate y aprobación, que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, sitúa en los primeros meses de 2027. Las medidas, por tanto, todavía no están en vigor.

La ampliación de las distancias de gestión de biomasa podrá aplicarse tanto alrededor de núcleos de población y edificaciones como en infraestructuras, entre ellas carreteras o líneas eléctricas de alta tensión. El proyecto contempla esta posibilidad en lugares donde el comportamiento del fuego resulte especialmente peligroso, ajustando la prevención al riesgo y a las características del terreno.

Otra de las novedades es la extensión del período de peligro alto de incendios del 16 de junio al 15 de octubre, treinta días más que el intervalo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre que recoge la información del Gobierno autonómico como referencia actual.

El texto incorpora la interfaz urbano-forestal, que comprende terrenos urbanos, de núcleo rural o urbanizables con cubierta vegetal que lindan con el monte. En estos espacios, la aplicación de los criterios de gestión de biomasa y retirada de especies se establece como una obligación legal directa. Además, las nuevas instalaciones industriales y gasolineras situadas en terrenos agroforestales o en esta interfaz deberán disponer de una red perimetral de hidrantes y tomas de agua homologadas.

Los agentes forestales, ambientales y de las fuerzas de seguridad podrán dictar órdenes verbales de ejecución inmediata ante un peligro inminente. Entre las actuaciones previstas figuran el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos, sin esperar a completar los trámites administrativos.

La red de puntos de agua se declarará infraestructura estratégica de seguridad pública, con acceso garantizado para los servicios de emergencia y prohibición de destinar el agua almacenada a otros usos. Los concellos deberán instalar tomas compatibles en sus redes municipales. Asimismo, se prohibirán las construcciones y plantaciones en un radio de 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia.

La planificación preventiva tendrá como referencia un mapa que reúna información sobre los combustibles vegetales, el historial de incendios, la meteorología, la topografía y la vulnerabilidad de la población y los bienes. El proyecto mantiene las franjas de seguridad, pero las integra en una gestión más amplia del territorio que fomenta la agricultura, la ganadería extensiva, el pastoreo y las frondosas autóctonas para crear discontinuidades que dificulten el avance del fuego.

La futura norma también prevé la colaboración de asociaciones y comunidades de montes en la vigilancia, ayudas en especie a entidades locales para vehículos y equipos, y la concesión directa de ayudas ante incendios extraordinarios por razones de interés público, social y humanitario.