El principal dato numérico que aporta UGT es una reducción del consumo eléctrico superior al 12 %. La central no indica quién realizó la medición, cuánta energía se consumió ni si la comparación se hizo con el día anterior, con otro miércoles o con la previsión para una jornada sin huelga. Tampoco aclara si el porcentaje corresponde a una hora concreta o a un período acumulado. Xornal21.es no ha podido verificar esa cifra con una medición de Red Eléctrica desglosada para Galicia.

Para el conjunto de España sí hay una comparación con una referencia explícita. Según los datos provisionales remitidos por Red Eléctrica, hasta las 11.00 horas se habían consumido 281.103 megavatios hora (MWh), frente a los 303.759 MWh que el operador había previsto para ese mismo período en ausencia de huelga. La diferencia fue del 7,46 %. Ese balance permite cuantificar la desviación nacional durante la mañana, pero no establecer cuánto varió el consumo en Galicia.

La incidencia del paro en Galicia puede describirse con más precisión en algunos servicios. Según el balance provisional de la CIG, las lonjas de Vigo y A Coruña no celebraron su subasta matinal y en Vigo salieron 45 de los 119 autobuses de Vitrasa, los correspondientes a los servicios mínimos. Son datos sobre la actividad de esos servicios. Para calcular la participación laboral en el conjunto de la comunidad haría falta conocer cuántas personas dejaron de trabajar de las que tenían jornada prevista.

En la manifestación de Vigo, el secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, reclamó a la patronal que desbloquee los convenios colectivos y que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras salariales. El dirigente también rechazó los insultos dirigidos a las organizaciones sindicales y defendió su labor en la negociación de las condiciones de trabajo.

La vivienda fue la otra reivindicación central. Medeiros pidió a las comunidades autónomas, incluida la Xunta, que movilicen suelo, promuevan vivienda protegida y amplíen el parque de alquiler asequible. La convocatoria incluyó también demandas de mejora de los servicios públicos, reducción de la jornada laboral y una nueva ley de prevención de riesgos laborales.