Un banco deberá devolver 8.874 euros a una víctima de fraude
La Audiencia de A Coruña señala que el banco solo podrá reclamar el dinero por una posible negligencia grave de la clienta después de reintegrárselo.
Una clienta a la que cargaron 8.874 euros en operaciones que no había autorizado ha visto confirmada en segunda instancia la condena que obliga a su banco a devolverle el dinero. Según informa el Poder Judicial, la sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña descarta que la entidad pueda aplazar el reintegro alegando que la afectada pudo actuar con negligencia grave.
Los magistrados aplican la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recogida en su sentencia del 15 de octubre de 2026. El tribunal europeo establece que la obligación de devolver de inmediato un pago no autorizado se mantiene aunque el banco atribuya al cliente una posible negligencia grave.
Para determinar qué ocurrió, la Audiencia tuvo en cuenta la respuesta del propio banco a la reclamación de la clienta. En aquel escrito, la entidad reconoció que terceras personas pudieron acceder a los datos de la tarjeta y realizar las operaciones. Esa explicación respaldaba la versión de la afectada, a quien el tribunal considera víctima de un engaño.
Durante el procedimiento judicial, el banco negó hechos que ya había admitido al responder a la usuaria. Los magistrados consideran que, al hacerlo, “actuó en contra de la buena fe”.
La sentencia explica que las entidades deben responder desde que reciben la comunicación de una operación no autorizada, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude. En este caso, el banco no aportó pruebas de que la clienta hubiera participado en el engaño.
La entidad conserva la posibilidad de reclamar a la afectada el reembolso si considera que incurrió en negligencia grave. Para hacerlo, primero deberá devolverle los 8.874 euros.
La resolución no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Una clienta a la que cargaron 8.874 euros en operaciones que no había autorizado ha visto confirmada en segunda instancia la condena que obliga a su banco a devolverle el dinero. Según informa el Poder Judicial, la sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña descarta que la entidad pueda aplazar el reintegro alegando que la afectada pudo actuar con negligencia grave.
Los magistrados aplican la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recogida en su sentencia del 15 de octubre de 2026. El tribunal europeo establece que la obligación de devolver de inmediato un pago no autorizado se mantiene aunque el banco atribuya al cliente una posible negligencia grave.
Para determinar qué ocurrió, la Audiencia tuvo en cuenta la respuesta del propio banco a la reclamación de la clienta. En aquel escrito, la entidad reconoció que terceras personas pudieron acceder a los datos de la tarjeta y realizar las operaciones. Esa explicación respaldaba la versión de la afectada, a quien el tribunal considera víctima de un engaño.
Durante el procedimiento judicial, el banco negó hechos que ya había admitido al responder a la usuaria. Los magistrados consideran que, al hacerlo, “actuó en contra de la buena fe”.
La sentencia explica que las entidades deben responder desde que reciben la comunicación de una operación no autorizada, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude. En este caso, el banco no aportó pruebas de que la clienta hubiera participado en el engaño.
La entidad conserva la posibilidad de reclamar a la afectada el reembolso si considera que incurrió en negligencia grave. Para hacerlo, primero deberá devolverle los 8.874 euros.
La resolución no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.


























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