La Acampada pola Vivenda de Vigo se ha dirigido al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia para solicitar una intervención inmediata ante la situación de las diez personas sin hogar que actualmente pernoctan en las tiendas de la alameda de la praza de Compostela, que serán retiradas este domingo 15 de noviembre. El colectivo advierte de que estas personas quedarán "nuevamente expuestas a una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión" al carecer de alternativas habitacionales, según ha informado en un comunicado.

Los escritos han sido dirigidos al alcalde de Vigo, Abel Caballero; a la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar; y a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. La Acampada recuerda que ambas administraciones tienen responsabilidades legales en la atención a las personas en situación de exclusión social. En concreto, cita el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local, que atribuye a los concellos competencias de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata; el artículo 27.3 del Estatuto de autonomía de Galicia, que atribuye a la Xunta competencias exclusivas en materia de vivienda, y el 27.23, que reconoce su competencia en asistencia social; así como la Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, que establece las responsabilidades de ambas administraciones y la necesaria coordinación institucional.

"Por tanto, se reclama al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia que abandonen su guerra partidista y se sienten a trabajar de manera coordinada para ofrecer una solución urgente y efectiva a estas diez personas", señala el colectivo. Las personas afectadas están recibiendo actualmente el acompañamiento, apoyo alimentario y protección que, dentro de sus posibilidades, les proporciona el colectivo que sostiene la iniciativa reivindicativa.

La preocupación se ve agravada por las condiciones climáticas propias de estas fechas, con la llegada del frío, la humedad y las inclemencias meteorológicas que, advierten, "ponen seriamente en riesgo la salud y la integridad de las personas que se ven obligadas a dormir a la intemperie". A esta situación se suma, según el colectivo, "la creciente inseguridad que padecen las personas sin hogar, tristemente evidenciada por los graves episodios de violencia aporófoba acontecidos en la ciudad en los últimos meses, en los que llegó a ponerse una vez más en peligro la vida de personas que pernoctaban en la calle".

Para la Acampada, estos hechos refuerzan la preocupación "ante el avance de una preocupante ola reaccionaria y de discursos de odio que incrementan, si cabe, los ya elevadísimos riesgos a los que se enfrentan habitualmente las personas que duermen al raso". El colectivo recuerda que el artículo 15 de la Constitución española reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, derechos cuya protección "debe constituir una prioridad para todas las administraciones públicas".

"No se trata de una cuestión de confrontación política, sino de una situación de urgencia humana que requiere responsabilidad institucional, coordinación y respuestas inmediatas", subrayan. Como movimiento cívico, pacifista y comprometido con la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerabilizados, la acampada solicita que ambas administraciones actúen antes del desmontaje de este domingo, "evitando que estas diez personas queden abandonadas a su suerte".