La interrupción de las herramientas digitales de una empresa puede paralizar operaciones, retrasar entregas y generar pérdidas económicas. Determinar quién debe asumirlas exige revisar el contrato y las circunstancias del incidente, según un análisis de Legálitas Negocios sobre las posibilidades de reclamación ante una caída de los servicios de Microsoft.

El primer paso es comprobar qué obligaciones asumió el proveedor, especialmente los compromisos de disponibilidad, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y las posibles limitaciones de responsabilidad. Estas condiciones permiten conocer qué prestaciones se contrataron y qué compensaciones se contemplan cuando se interrumpe el servicio.

El artículo 1101 del Código Civil establece la responsabilidad por los daños causados cuando se incumplen las obligaciones por negligencia, retraso u otras contravenciones de lo pactado. No obstante, una caída tecnológica no implica por sí sola que Microsoft o el proveedor contratado deban indemnizar: es necesario analizar el incumplimiento y su relación con las pérdidas.

También deben examinarse las posibles circunstancias que eximan de responsabilidad, como la fuerza mayor, contemplada en el artículo 1105 del Código Civil. La firma jurídica subraya que «una incidencia técnica no constituye por sí sola un supuesto de fuerza mayor», por lo que resulta esencial determinar las causas del fallo.

Entre los conceptos que podrían reclamarse están los costes adicionales ocasionados por la interrupción, los gastos para recuperar la operativa o implantar soluciones alternativas y los daños derivados de retrasos en entregas o compromisos con terceros. También podría reclamarse el lucro cesante, entendido como las ganancias que se dejaron de obtener, siempre que exista fundamento jurídico y se acredite el perjuicio.

Para sostener una reclamación, las empresas deben conservar evidencias de la interrupción, documentar sus consecuencias sobre la actividad y cuantificar las pérdidas. La documentación tiene que permitir vincular los daños económicos con el incidente, sin dar por supuesto que cualquier descenso de ingresos responde a la caída del servicio.

El problema puede extenderse a los clientes de la empresa afectada. Si esta no consigue prestar el servicio contratado, podría incumplir sus propias obligaciones. Dependiendo del servicio y de las circunstancias, podrían corresponder una reducción proporcional del precio, la resolución del contrato o una indemnización por los daños acreditados.

El análisis recomienda disponer de planes de contingencia y alternativas operativas para reducir el impacto de estas interrupciones. La posibilidad de exigir responsabilidades al proveedor debe acompañarse de medidas que permitan mantener la actividad cuando fallan las herramientas tecnológicas de las que depende el negocio.