Salvaterra de Miño
El BNG denuncia al Concello de Salvaterra por daños en el castro de Penedos dos Mouros
La formación nacionalista lleva a la Fiscalía de Vigo los trabajos realizados con una pala municipal y pide que se depuren responsabilidades
El BNG de Salvaterra de Miño presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía de Vigo para que investigue las irregularidades que, según su versión, se cometieron durante los trabajos de recuperación en el yacimiento arqueológico de los Castros, en Penedos dos Mouros, y depure las responsabilidades que correspondan por los daños causados. La portavoz municipal, Patricia Mariño, considera especialmente grave que, pese a existir advertencias e informes alertando sobre la intervención, el Concello retomase los trabajos, por lo que reclama que se esclarezca tanto la actuación realizada como la responsabilidad del gobierno de Marta Valcárcel en su autorización, supervisión y desarrollo.
La denuncia presentada por el BNG recoge que el pasado 20 de octubre se iniciaron los trabajos en el yacimiento y que, tras cinco horas de intervención, vecinos y vecinas de la zona, junto con la Asociación Cultural Terra Grovii, constataron una importante alteración del terreno. Entre los daños que el BNG denuncia figuran profundas remociones de tierra, destrucción de niveles arqueológicos, numerosas huellas de maquinaria, fragmentos cerámicos dispersos por la superficie y excavaciones que alcanzaron casi 1,70 metros de profundidad. La denuncia destaca especialmente los daños ocasionados en una roca cuyo estudio constituía uno de los principales objetivos científicos del proyecto, por su posible identificación como betilo y por la presencia de numerosas marcas susceptibles de ser estudiadas. Precisamente, el análisis de esta roca era una de las razones que justificaban la nueva intervención arqueológica.
Mariño subraya que, a su juicio, el Concello no puede eludir su responsabilidad en los daños, ya que, según las indicaciones del propio arqueólogo, fue la administración municipal la que facilitó una excavadora de gran tonelaje de propiedad municipal para actuar en la zona. Recuerda también que la Asociación Cultural Terra Grovii solicitó por escrito la paralización inmediata de los trabajos y que la preocupación por lo sucedido fue trasladada presencialmente tanto a la alcaldesa como a la concejala de Cultura. Sin embargo, ambas indicaron que la actuación se ajustaba al convenio suscrito.
El BNG denuncia que la actuación se retomó el pasado 13 de noviembre pese a existir, según su relato, un informe técnico de Patrimonio en el que se documentaba la destrucción arqueológica producida y se calificaba la metodología empleada como posiblemente constitutiva de delito. Para Patricia Mariño, resulta incomprensible que el gobierno local decidiese continuar los trabajos cuando ya existían antecedentes que, a su entender, justificaban su paralización cautelar y cuando la administración competente había advertido de la gravedad de lo sucedido.
La denuncia presentada ante la Fiscalía recoge también que el personal técnico del Seprona recomendó que se tramitasen inicialmente las denuncias por la vía administrativa, abriendo un expediente. No obstante, según destaca Mariño, el mismo Seprona advirtió de que los hechos podrían tener relevancia penal, una circunstancia que el BNG entiende que refuerza la necesidad de que la Fiscalía investigue lo sucedido y determine si existen responsabilidades más allá de las administrativas.
La formación nacionalista insiste en que es especialmente grave la falta de rigor municipal en una intervención que se desarrollaba sobre un yacimiento arqueológico y que, siempre según su versión, lejos de cumplir el objetivo de recuperación e investigación patrimonial, acabó provocando daños irreversibles. Mariño acusa a la alcaldesa de demostrar no tener sensibilidad con la protección del patrimonio: "No basta con buscar excusas ni con decir que todo se hizo conforme a un convenio. Hay que explicar por qué se facilitó esa maquinaria municipal, en qué condiciones se ejecutaron los trabajos, si las autorizaciones estaban vigentes y por qué se decidió retomar la intervención existiendo advertencias sobre los daños", apunta.
Por todo esto, el BNG solicita a la Fiscalía que investigue los hechos y que proceda a la comprobación de las posibles irregularidades cometidas por el gobierno local, así como a la depuración de las responsabilidades que correspondan. "El patrimonio arqueológico no es algo que se pueda estropear y después intentar justificar. La vecindad merece explicaciones y el yacimiento merece protección. Lo que reclamamos es que se investigue, que se asuman responsabilidades y que se garantice que no se vuelvan a producir daños de este tipo", finaliza Mariño.

El BNG de Salvaterra de Miño presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía de Vigo para que investigue las irregularidades que, según su versión, se cometieron durante los trabajos de recuperación en el yacimiento arqueológico de los Castros, en Penedos dos Mouros, y depure las responsabilidades que correspondan por los daños causados. La portavoz municipal, Patricia Mariño, considera especialmente grave que, pese a existir advertencias e informes alertando sobre la intervención, el Concello retomase los trabajos, por lo que reclama que se esclarezca tanto la actuación realizada como la responsabilidad del gobierno de Marta Valcárcel en su autorización, supervisión y desarrollo.
La denuncia presentada por el BNG recoge que el pasado 20 de octubre se iniciaron los trabajos en el yacimiento y que, tras cinco horas de intervención, vecinos y vecinas de la zona, junto con la Asociación Cultural Terra Grovii, constataron una importante alteración del terreno. Entre los daños que el BNG denuncia figuran profundas remociones de tierra, destrucción de niveles arqueológicos, numerosas huellas de maquinaria, fragmentos cerámicos dispersos por la superficie y excavaciones que alcanzaron casi 1,70 metros de profundidad. La denuncia destaca especialmente los daños ocasionados en una roca cuyo estudio constituía uno de los principales objetivos científicos del proyecto, por su posible identificación como betilo y por la presencia de numerosas marcas susceptibles de ser estudiadas. Precisamente, el análisis de esta roca era una de las razones que justificaban la nueva intervención arqueológica.
Mariño subraya que, a su juicio, el Concello no puede eludir su responsabilidad en los daños, ya que, según las indicaciones del propio arqueólogo, fue la administración municipal la que facilitó una excavadora de gran tonelaje de propiedad municipal para actuar en la zona. Recuerda también que la Asociación Cultural Terra Grovii solicitó por escrito la paralización inmediata de los trabajos y que la preocupación por lo sucedido fue trasladada presencialmente tanto a la alcaldesa como a la concejala de Cultura. Sin embargo, ambas indicaron que la actuación se ajustaba al convenio suscrito.
El BNG denuncia que la actuación se retomó el pasado 13 de noviembre pese a existir, según su relato, un informe técnico de Patrimonio en el que se documentaba la destrucción arqueológica producida y se calificaba la metodología empleada como posiblemente constitutiva de delito. Para Patricia Mariño, resulta incomprensible que el gobierno local decidiese continuar los trabajos cuando ya existían antecedentes que, a su entender, justificaban su paralización cautelar y cuando la administración competente había advertido de la gravedad de lo sucedido.
La denuncia presentada ante la Fiscalía recoge también que el personal técnico del Seprona recomendó que se tramitasen inicialmente las denuncias por la vía administrativa, abriendo un expediente. No obstante, según destaca Mariño, el mismo Seprona advirtió de que los hechos podrían tener relevancia penal, una circunstancia que el BNG entiende que refuerza la necesidad de que la Fiscalía investigue lo sucedido y determine si existen responsabilidades más allá de las administrativas.
La formación nacionalista insiste en que es especialmente grave la falta de rigor municipal en una intervención que se desarrollaba sobre un yacimiento arqueológico y que, siempre según su versión, lejos de cumplir el objetivo de recuperación e investigación patrimonial, acabó provocando daños irreversibles. Mariño acusa a la alcaldesa de demostrar no tener sensibilidad con la protección del patrimonio: "No basta con buscar excusas ni con decir que todo se hizo conforme a un convenio. Hay que explicar por qué se facilitó esa maquinaria municipal, en qué condiciones se ejecutaron los trabajos, si las autorizaciones estaban vigentes y por qué se decidió retomar la intervención existiendo advertencias sobre los daños", apunta.
Por todo esto, el BNG solicita a la Fiscalía que investigue los hechos y que proceda a la comprobación de las posibles irregularidades cometidas por el gobierno local, así como a la depuración de las responsabilidades que correspondan. "El patrimonio arqueológico no es algo que se pueda estropear y después intentar justificar. La vecindad merece explicaciones y el yacimiento merece protección. Lo que reclamamos es que se investigue, que se asuman responsabilidades y que se garantice que no se vuelvan a producir daños de este tipo", finaliza Mariño.





















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