La vice portavoz de ACIP, Raquel Bautista Alfaya, ha denunciado que “en las últimas semanas los vecinos, fundamentalmente de las parroquias rurales, en las que por parte de la dirección del Catastro se les da cuenta de la revisión de las construcciones existentes en su propiedad y se les informa de que, las mismas, no se corresponden con lo declarado en la contribución urbana (IBI)”

Bautista asegura que es sorprendente “la cantidad de errores que tienen dichas comunicaciones en las que, en numerosos casos, se considera a galpones agrícolas y garajes como si fuesen viviendas”.

Recuerda la concejala que “independiente, que las revisiones de la Ponencia de Valores Catastrales fue revisada ya en el año 2009 y no se entiende -asegura Bautista- a que viene esta nueva revisión, sobre todo si tenemos en cuenta que la gran mayoría de viviendas rurales tienen agregado un garaje o un galpón agrícola para guardar los aperos de labranza”.

Lo más curioso de este caso, asegura Raquel Bautista, es que se les comunica una sanción económica de 60 euros y “se les advierte con el embargo de las cuentas si no se hace efectivo el pago en el período voluntario”, todo esto, añade la concejala, “cuando aún no se sabe el incremento del IBI para el 2015 y si la Dirección General del Catastro puede reclamar los últimos cuatro años con carácter retroactivo”. Es algo, afirma tajantemente Raquel Bautista “que hay que  corregir ya que el responsable de la recaudación de este impuesto es el propio Ayuntamiento”.

“Los vecinos están totalmente desorientados ya que, al recibir la comunicación, -explica la vice portavoz de ACIP- se dirigen a las oficinas del ORAL donde les comunican que no pueden hacer nada y que busquen la ayuda de un técnico para realizar las correspondientes alegaciones”. El grupo municipal de ACIP, asegura Bautista “no puede entender que tal y como está la economía de las familias en estos tiempos, se le puedan exigir más gastos al tener que recurrir a un técnico y aportar una serie e documentación justificativa”. “Una cosa es dar de alta las viviendas que no lo estén y otra, muy distinta querer recaudar por un concepto injusto”, añade la edil ponteareana.

“Lo más triste –asegura- es el silencio del Gobierno Municipal que no toma ninguna medida, ni de defensa ni de información, a favor de los vecinos”. Estos, a su vez, “se sienten completamente indefensos ante la pasividad del Concello porque, no lo olvidemos, el IBI es un impuesto municipal”.

Raquel Bautista Alfaya exige al alcalde de Ponteareas, “una reunión urgente de la Junta de Portavoces para abordar este grave problema y poner los medios necesarios para que el Concello informe y asesore a los vecinos sobre las alegaciones que tienen que presentar para solventar esta situación y realizar las gestiones necesarias para paralizar las resoluciones que sean incorrectas”. “La economía de las familias no está para hacer más gastos”, afirma “y la principal obligación de todo Gobierno Municipal es proteger los intereses de sus vecinos”, concluye.