El gas radón es un elemento radiactivo natural que se produce por la descomposición del uranio en el suelo y la roca. Es inodoro, incoloro e insípido, y puede filtrarse en edificios a través de grietas y agujeros en las paredes y el suelo. La exposición prolongada al gas radón se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otros tipos de cáncer como el cáncer de tiroides, por lo que es importante que los empleadores y las instituciones tomen medidas para controlar los niveles de gas radón en sus instalaciones.

Las altas concentraciones de radón ponen a los trabajadores y usuarios a un mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otros tipos de cáncer como el cáncer de tiroides

En España, la normativa en materia de salud laboral establece que los empresarios tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos. Esta responsabilidad se encuentra recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, que establecen la obligación de llevar a cabo una evaluación de riesgos y adoptar las medidas necesarias para prevenir los riesgos laborales.

En el caso del gas radón, los empresarios deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En España, la concentración de radón se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), y el valor límite recomendado por el CSN es de 300 Bq/m³ en interiores, aunque la OMS recomienda tomar medidas a partir de concentraciones superiores a 100 Bq/m³.

Las medidas para controlar los niveles de gas radón pueden incluir la mejora de la ventilación, la sellado de grietas y agujeros en las paredes y el suelo, la instalación de sistemas de extracción de aire y la construcción de barreras físicas para impedir la entrada de radón en las instalaciones.

En el caso de las instituciones, como colegios, hospitales o residencias de ancianos, también tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de sus usuarios y residentes. La normativa en materia de salud pública establece que los propietarios de edificios públicos deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados.

En el caso de los colegios, la normativa establece que los centros deben llevar a cabo mediciones de los niveles de radón en sus instalaciones cada cinco años y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En el caso de los hospitales y residencias de ancianos, la normativa establece que se deben llevar a cabo mediciones cada dos años y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados.

Por tanto los empresarios como las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios, respectivamente, en lo que respecta a la exposición al gas radón. Esto implica llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. La normativa en materia de salud laboral y salud pública establece las obligaciones y responsabilidades de los empresarios y propietarios de edificios públicos en relación con las concentraciones peligrosas de este gas.

Acciones civiles y penales

En España, la falta de cumplimiento de las normas en materia de medición y control de los niveles de gas radón en centros de trabajo e instituciones puede dar lugar a sanciones administrativas, penales o civiles, dependiendo del tipo de incumplimiento y la gravedad del mismo.

Los empresarios o responsables de las instalaciones públicas pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios.

Las sanciones administrativas pueden ser impuestas por las autoridades competentes en materia de salud laboral y salud pública, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las autoridades sanitarias regionales o el Consejo de Seguridad Nuclear. Estas sanciones pueden incluir multas económicas, la paralización temporal o definitiva de las actividades empresariales, la retirada de licencias o autorizaciones, o la obligación de realizar medidas correctoras para reducir los niveles de radón en las instalaciones.

Por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que las empresas que incumplen sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre los 2.046 y los 819.780 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y del tamaño de la empresa.

Además de las sanciones administrativas, la falta de medidas preventivas en materia de radón puede dar lugar a responsabilidad penal o civil en caso de que se produzcan daños a las personas o bienes. En el caso de la responsabilidad penal, los empresarios o propietarios de las instalaciones pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios. Las penas previstas para estos delitos incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales.

En el caso de la responsabilidad civil, los empresarios o propietarios pueden ser demandados por los trabajadores o usuarios afectados por la exposición al radón, que reclamen daños y perjuicios. Estos daños pueden incluir indemnizaciones por daños a la salud.

En resumen, la falta de cumplimiento de las normas en materia de medición y control de los niveles de gas radón en centros de trabajo e instituciones en España puede dar lugar a sanciones administrativas, penales o civiles, dependiendo del tipo de incumplimiento y la gravedad del mismo. Por ello, es importante que los empresarios y propietarios o responsables de las instalaciones públicas adopten medidas preventivas para controlar los niveles de radón y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.