El municipio de Mos ha dado un paso unánime para blindar su legado, aunque la decisión lleva aparejada una carga polémica. El pleno aprobó esta semana instar a la Xunta a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las rondallas, el Pazo de Mos y la Igrexa románica de Santa María de Guizán. Sin embargo, es la iniciativa del BNG para los dos inmuebles la que destapa un debate complejo, ya que la máxima protección patrimonial implica severas restricciones y obligaciones permanentes para el entorno.

Mientras que la declaración de las rondallas como patrimonio inmaterial se alinea con un reconocimiento autonómico más amplio y busca apoyo para su difusión, la propuesta para el pazo y la iglesia supone un cambio radical en su régimen legal. El portavoz del BNG, Gustavo Barcia, defendió la moción argumentando que "non abonda con presumir do patrimonio, hai que coidalo". No obstante, este cuidado institucional se traduce, en la práctica, en una limitación drástica del derecho a la propiedad y a modificar los edificios, sometiendo cualquier intervención, por mínima que sea, a largos y complejos procedimientos de autorización.

El impacto más conflictivo recae sobre el entorno inmediato y la economía local. La declaración BIC conlleva la definición de un contorno de protección y una zona de amortiguamiento, lo que podría paralizar proyectos urbanísticos o actividades económicas en propiedades colindantes y devaluar el valor de los terrenos. Además, la prohibición expresa de instalar publicidad comercial, antenas o cables visibles afectará directamente a comercios y vecinos, generando un malestar latente en la comunidad. Para los propietarios, la carga es mayúscula: asumen la obligación legal perpetua de conservación con la incertidumbre de si las ayudas públicas, nunca garantizadas, cubrirán los elevados costes.

La solicitud para las rondallas, promovida inicialmente por el PP, queda así en un segundo plano frente al alcance y las consecuencias materiales de la protección para el Pazo de Mos y la Igrexa de Guizán. El Consistorio también se comprometió a elaborar un catálogo de bienes a proteger, una medida que, según los críticos, podría extender esta losca legal y económica a más elementos del municipio en el futuro.